El Rechazo de una Nación: Apuntes sobre los desafíos de la sociedad de cara a la comunidad LGBTQIA+ en República Dominicana

ESCRITO POR: FRANK ABATE

Según una encuesta realizada en 2021, el 60% de los dominicanos rechaza a las personas homosexuales.  Según los datos de la Encuesta Nacional LGBTI 2020, mostrados en la página oficial del PNUD, el 96.7% de las personas encuestadas en República Dominicana dijo haber sido víctima o presenciado alguna forma de violencia. Sin embargo, la denuncia de los hechos de violencia sufridos es poco común entre las personas que participaron de la encuesta, casi nueve de cada diez (88.7%) dijo no haberlo hecho. Entre otras razones, no denuncian por saberse signatarios de una sociedad que ha institucionalizado el descarte de las personas con una sexualidad distinta a la heteronormativa.

Este descarte está asociado por muchos, particularmente aquellos en la Comunidad LGBTQIA+, con uno de los valores fundantes de la nación dominicana: El cristianismo. O, más específicamente, el catolicismo. Sin embargo, hoy en día la Iglesia Católica, a través de su vicario “infalible”, el Papa Francisco ha expresado de forma reiterada que en la sociedad y aún en sus espacios simbólicos, como los templos, se ha de crear espacio para todos haciendo una alusión obvia y concreta a la comunidad LGBTIQA+ y a otros colectivos tradicionalmente invisibilizados dentro y por los sectores más conservadores de la Iglesia misma. Un mensaje que la jerarquía dominicana, con muy distinguidas excepciones, ha elegido en el mejor de los casos ignorar.

En días recientes un profesor de ética, de reconocida trayectoria universitaria en República Dominicana, denunció que era expulsado de la docencia por mostrar en sus redes sociales su amor por su pareja del mismo sexo. Según cifras que aparecen publicadas en una investigación de Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD), cerca del 30% de las personas gays, lesbianas, transexual y transgénero en Santo Domingo han experimentado discriminación laboral.

Desafíos Legales

En la última edición del Código Penal de la República Dominicana, que perimió nuevamente en la primera legislatura de este año 2023, lo que pensabamos imposible sucedió: Los miembros del Congreso trataron de legalizar los niveles extremos de rechazo que han sido cultivados en nuestra sociedad al incluir la discriminación de forma expresa en el documento. y altamente peligrosa para el resto de la sociedad que observaba y se pensaba excenta. En base a este articulado, los ciudadanos del colectivo LGBTIQA+, pero en realidad cualquier persona, podría ser abiertamente discriminado en el trabajo, al buscar vivienda, al tratar de buscar recursos educativos o de salud que la ley garantiza para los demás ciudadanos. 

Este verdadero adefesio legal hubiese enraizado a los dominicanos en una realidad preterita a nivel de derechos frente a un mundo que cada vez reconoce más el aporte del colectivo LGBTIQA+. Preguntas tan básicas como, cómo afectaría esta desprotección el turismo nacional no fueron siquiera levantadas publicamente por nuestros congresistas, envueltos en un velo azul de impunidad.  Aunque gracias a Dios, el adefesio quedó en la gaveta, el colectivo LGBTIQA+ sigue victima de la discriminación impune en todas las áreas de la sociedad.  En esta discriminación existen dos colectivos que son golpeados aún de peor manera, la comunidad trans y la comunidad migrante, particularmente la haitiana y la indocumentada.

¿Si al nacional le resulta difícil imponerse a una sociedad que lo estigmatiza, qué vamos a dejar para aquellos con una base irregular viviendo en nuestras provincias?

Desaparecidos

Entre los principales reclamos de la comunidad LGBTQIA+ en el país destacan los pedidos de justicia por los desaparecidos. En los últimos tiempos, diversas organizaciones de la sociedad civil, como Amigos Siempre Amigos y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) se han unido para alzar la voz ante los reclamos de sujetos que son víctimas de una violencia social que se aprovecha de las vulnerabilidades de las mujeres y hombres que por su preferencia sexual han sido estigmatizado y  abandonados por sus principales redes de apoyo, como la familia.

La exclusión como única respuesta

Un efecto perverso del sistema es que frente a la exclusión impune, las personas excluidas abandonan la lucha y legitiman el sistema de opresión que los aísla.  Esta exclusión del otro se evidencia incluso entre personas que desde el closet escondidas son los más férreos detractores de aquellas personas del colectivo.

A la preocupanción por la manifestación de rechazo de esta sociedad, se suma que los sectores más pro-derechos de la misma sociedad y aún las víctimas mismas, muchas veces vierten su frustración en la institución puntual, gastando sus esfuerzos contra un aparato burocrático específico, muchas veces inexpugnable por el marco legal del país. Esto así, cuando en realidad  es el sistema que sostiene esta actitud discriminatoria y excluyente.

Aún perviven desafíos legales para la comunidad LGBTQIA+ en República Dominicana superados hace tiempo en el contexto global, aun regional. Por ejemplo, RD es la economía que más ha crecido en los últimos 50 años en la región, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en otros países de la región como Cuba, en el 2022 se aprobó un código de familia que entre otras cosas permite a las personas del mismo sexo adoptar y casarse. Dos realidades que parecen quimeras en una RD enraizada en el temor, el odio y la exclusión como respuesta a una humanidad que avanza y busca respuesta. En otras naciones como Argentina y Chile la comunidad está peleando con fuerza en las calles para seguir ampliando el marco legal que los protege, a pesar que ya han conseguido la aprobación del matrimonio pero desean igualdad en todos los sentidos.  

Frente a este escenario tan desolador para los dominicanos del colectivo LGBTQIA+, las voces “ecuanimes”, “prudentes”, siguen pidiendo paciencia sin que una sola respuesta concreta pueda ser esperada por parte de las autoridades o de los estamentos políticos nacionales, incluyendo a los partidos, con una honrosa excepción.

No es posible seguir esperando. El colectivo necesita entender que la lucha es propia y salir a reclamar el respeto por su dignidad que su condición humana le debiera asegurar.

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