POR ANA MARGARITA PÉREZ
Los derechos “son aquellos «instrumentos fundamentados en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización»
En consecuencia subsume aquellas “libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna y la satisfacción de sus necesidades, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición»”.
El contrato social en que se basa el estado moderno asume, por un lado, que el estado garantiza estas “libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones” mientras que el ciudadano por la otra paga los impuestos que le corresponden para sostener el estado.
La República Dominicana es un estado en transición donde encontramos realidades mucho más cercanas a los estados feudales de la edad media y otras en la que se cumple a cabalidad la premisa de un estado moderno.
Esta inequidad hace que para la mayoría de nosotros los derechos sean vistos como concesiones del estado y, como concesiones son gratuitas. Ergo, el ciudadano no se siente obligado a pagar la contribución que cierra la ecuación y que lo hace sentirse con derecho, valga la redundancia, de demandar su cumplimiento por parte del Estado.
Esta perversión se complica aún más por dos factores: Primero las comunidades marginadas – racializadas, minorías religiosas o de diversidad sexual – generalmente optan por la exclusión de la participación politica y de ahí del sistema y del proceso frente a la injusticia que se les hace evidente. Mientras los grupos que se han privilegiado de actual estado de cosas siguen creando distorsiones que no nos permiten llegar a un estado incluyente y respetuoso del ciudadano.
En resumen, los derechos deben reconocer y proteger la dignidad inherente de cada individuo garantizando que todas las personas sean tratadas con respeto y consideración, independientemente de su origen, raza, género, religión u orientación sexual.
Los derechos deben promover la igualdad ante la ley y prohibir la discriminación. En una sociedad diversa, como la Dominicana, esto es especialmente importante para garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y protecciones sin importar su origen étnico, género u otras características personales.
El derecho constitucional dominicano garantiza el derecho a la identidad, a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. Sin embargo, estos derechos son realidad en una pequeña parte de la población. De estos, hay un primer grupo, los más, que lo procuran ellos mismos a través de su trabajo. Y luego un segundo grupo, los menos, que los obtiene del mismo gobierno a través de no someterse a aquellos mecanismos creados para materializarlos.
¿Cuántos hijos de Senadores asisten a la escuela pública? ¿Cuántos Diputados se atienden ellos o sus familias en hospitales públicos? ¿Cuántos están sometidos a los sistemas de pensión que provee la legislación dominicana para la gran mayoría de los ciudadanos?
Esto, mientras existe un grupo grande de descartados que sueñan con “pegarse” o con “dar un palo”.
Esta situación dura, como es, se recrudece en las minorias, particularmente en el sector LGBTIQA+ donde una alumna brillante es expulsada de la escuela pública por haber descubierto y compartido su identidad sexual o de género. O una mujer trans cero positiva no encuentra camino en el sector público hospitalario para encontrar servicio y dignidad.
Nos vanagloriamos de vivir en un Estado de Derecho. O sea, donde la constitución garantiza tanto los derechos establecidas así como limita la capacidad de las autoridades para irrespetar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, vemos como cada día la corrupción arropa batallas sociales aparentemente avanzadas. Por eso comunidades como la LGBTQIA+ carecen de resguardos tangibles que apoyen sus luchas.
Derechos individuales, como la libertad de expresión, religión y asociación, permiten a las personas vivir sus vidas de acuerdo con sus propias creencias y valores. Esto fomenta un ambiente en el que las personas pueden expresar sus ideas y participar activamente en la vida cívica. Sin embargo vemos que para sectores pobres y marginalizados como la comunidad LGBTQIA+ esa libertad viene siempre traída por los pelos y con muchas limitaciones.
En el libro Palacios del Pueblo, el sociólogo Eric Klinenberg sugiere que el futuro de las sociedades democráticas no se basa simplemente en valores compartidos, sino en espacios compartidos.
¿Cuántos años y vidas deben fenecer antes de que el tejido social dominicano acepte una diversidad cada día más evidente dentro de las células que lo construyen?
La marginalización de sectores como el LGBTQIA+ es aún más dura cuando vemos familias que llegan incluso a sacarlos del hogar y no son pocos los que, productos de esa vulnerabilidad han sido secuestrados y desaparecidos.
Los derechos fomentan la participación activa de los ciudadanos en la vida política y social del país. Esto es esencial para una democracia saludable, ya que permite que las personas influyan en las decisiones que afectan sus vidas y en la dirección del país. Sin embargo, es una realidad que hoy un 50 % de la población no tiene acceso a una educación de calidad y hay una enorme deserción escolar. No es para nadie un secreto que el acceso a la salud y una vivienda digna, pasa muy lejos de ese 53 % de la población en edad laboral del país y que sobrevive en un empleo informal.
Se hace evidente la necesidad de una revisión integral de estas problemáticas de derecho que aquejan al país. Fíjemonos que para no girar demasiado la vista en este artículo el tema de la migración y la concutación de los derechos a otros grupos vulnerables, como los haitianos, lo hemos dejado fuera por considerar que pueda ser materia de análisis para proximas reflexiones.
Es innegable el papel importante que el cristianismo juega en nuestra realidad social. Lo que se debe dejar refrenado es que en el caso de los derechos estos deben hacerse valer a partir de una separación clara de la Iglesia y el Estado. Al interior de la sociedad debemos intentar pasar los derechos por un tamiz sobre todo humano, pues el religioso tiene el peligro de examinar los conflictos desde el sistema particular de cada religión.
Ser hombre o ser mujer llevan dentro un significado social.
Para transformar la historia, primero necesitas transformar la vida. Y en esa reflexión, los derechos humanos juegan un rol fundamental. Nuestro país marcado por la diversidad de sus habitantes está en medio de debates profundos que pueden acercar o alejar los derechos fundamentales de las personas que más lo requieren.
Cada vez que nos hacemos indiferentes a un estado que sustrae los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas particulares, o de colectivos específicos, abrimos la puerta para que esa misma violencia descontrolada regrese y nos quite nuestras propias libertades y derechos.
