Escrito por: Frank Abate y Óscar Rodríguez
La “patria” es un concepto que empezó a forjarse en la cultura occidental actual en el renacimiento y acabó de concretarse con las revoluciones que darían forma a los mapas actuales europeo y americano. Estos nuevos estados fueron menos fraguados por lo común en etnía y cultura de sus poblaciones que tienen las naciones y más por las ideas revolucionarias que impulsaron sus inicios. Este concepto de “patria” abandona el concepto de un “rey” como representante de Dios y dueño de todo y abraza la idea de los enciclopedistas franceses de un estado en el que los ciudadanos pagan impuestos y el gobierno garantiza derechos a sus ciudadanos. Este concepto avanzará hasta apoderarse del imaginario global con las Guerras Mundiales del Siglo XX.
La República Dominicana es la primera nación del Caribe Hispano y la segunda del Caribe, después de Haití, que proclama su independencia, imbuida por las ideas revolucionarias traídas por Duarte de Europa, principalmente. Por lo que, nuestra Constitución desde su primera versión de Noviembre del 1844 garantiza estas libertades individuales, conocidas también como derechos civiles o derechos humanos. Estos derechos incluyen la inviolabilidad de la vida, el derecho a la defensa, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, entre otros. La Constitución actual crea libertades aún más amplias como el derecho a la identidad, el derecho a la cultura, el derecho a la no discriminación.
Sin embargo, tradicionalmente, en nuestro país estos derechos no han sido más que letra muerta. Las y los dominicanos que por unos doscientos años hemos vivido debajo de gobiernos cuya centralización geográfica y de poderes solo ha crecido en el tiempo y cuya concepción del respeto al derecho de los nacionales dominicanos y dominicanas es esencialmente nula. Esta realidad, mala como fue, se ha agravado en el tiempo, particularmente, a partir de la 1ra invasión americana de 1914. La fuerza invasora necesitó reducir la capacidad de pelea de la población, y por esto la reprimió. Este nivel de represión fue luego incrementado por la dictadura trujillista. Dictadura que desemboca en el ajusticiamiento del tirano y la desestabilización de las estructuras de poder; una guerra civil y la restauración, por falta de otra palabra, de la estructura anterior. A partir de ahí, hay dos momentos históricos en que se han creado libertades individuales y sociales: El gobierno de Don Antonio Guzmán (1978 – 1982) y la transcisión de 1994 – 1996, en ambos el liderazgo político nacional entendió que eran momentos alta y socialmente volátiles. Las libertades de Don Antonio mueren en las calles con la represión de la poblada de 1984 y las de la transición con la crisis bancaria del 2003. A partir de ahi, el Partido de la Liberación Dominicana, en un afán desmedido de convertirse en la fuerza hegemónica de la Republica Dominicana, empieza a concentrar el poder y reprimir libertades. En adición, la actual presencia del crimen organizado en nuestros fueros suma a esta reducción de las libertades de las y los dominicanos.
Un acotamiento importante es que este sistema represivo se monta en dos patas operativamente y en una estratégicamente. Operativamente, la Policia y el sistema de justicia dominicanos no cumplen con el rol que les compete (Que la ley se cumpla y que la ley sea una e igual para todos), si no que la primera sirve para reprimir y amedrentar y el segundo para postergar y diferenciar. Ambos, en un baile “maldito” de represión para las y los dominicanos. Estrategicamente, este baile le enseña a la población exactamente lo opuesto de lo que la Constitución enarbola: No todos somos iguales; la ley no es una e igual para todos y todas.
En este sentido, ni el colectivo LGBTQIA+, ni toda la sociedad dominicana, tienen garantía alguna de que el estado respeta o hará respetar sus derechos, “raisson d’ȇtre” de un estado, como dijimos antes. Y, aunque alguien podría decirnos, que gracias a los cambios que el actual gobierno ha implementado en la Procuraduria General de la República, esto ha cambiado de forma muy expresa en los últimos años. Sin embargo, esa persona tendría que admitir que ni el cambio es suficiente, ni su permanencia asegurada.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Más que ninguna otra rama del gobierno, el poder judicial se erige sobre los cimientos de la confianza pública: los jueces no dirigen ejércitos de fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. En cambio, dictan sentencias a partir de la ley. Sentencias que las personas deben creer que provienen de oficiales judiciales competentes, legítimos e independientes.”
En este sentido, nuestro sistema judicial tiene mucho camino por andar pues la percepción popular es que la justicia existe solo para las personas con privilegio. Tanto la politización que afecta mucha de las cortes (¿debiera decir “partidización”?), como la idea de que “no somos iguales” que mencionamos antes y tan presente en nuestro imaginario, restan mucho a nuestra seguridad jurídica, creando un sistema elitista, poco uniforme y poco eficiente. Un ejemplo reciente de esta realidad se ve en los casos de corrupción hoy ante las cortes, en los que la mayoría de los imputados ha recibido variaciones de sus medidas de coerción mientras miles de presos preventivos siguen esperando justicia.
De igual forma, los jueces y abogados valoran más en las sentencias y decisiones la erudición o pericia técnica del jurista responsable por ella y no su impacto en cuanto administración de justicia; en cuanto lograr que las y los dominicanos vivan de forma más justa y humana. Ningún ejemplo de esto es más desgarrador que la infame sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. En ella, el Tribunal preferió despojar a cientos de miles de personas nacidas en el territorion de derechos tan básico como la identidad y la nacionalidad a fin de sostener el axioma jurídico contenido en la Constitución a partir de 1929 y que decía que los hijos de extranjeros en estado irregular no se beneficiaban de la nacionalidad dominicana. Para el Tribunal y, para la mayoría de la sociedad que apoyó la decisión y con “cuchillo para su propia garganta”, resultó más importante proteger un subterfugio jurídico que la “vida” civil de cientos de miles de personas.
Frente al escándalo internacional, el gobierno central de turno puso el último clavo al ataud con la Ley 169-14. Primero pues adoptar el proceso presentado por la ley, implicaba admitir que la persona no era “dominicano/a” y luego, porque después de esa humillacion, los obstáculos contenidos en la ley seguían siendo un valladar inexorable para las personas afectadas quienes siguen perviviendo en una sociedad que nos los ve y los mata.
Todo esto, mientras la Policia Nacional entiende por “lucha contra el crimen” el asesinato de los jóvenes dominicanos en nuestros propios barrios. República Dominicana debe ser de los pocos países en el mundo en los que la Policia sigue siendo quien en la práctica apresa, juzga y condena. Y esto, sin que el sistema de cortes o la Procuraduría General de la República se sienta en la obligación de protoger su propio “territorio jurídico” y le soliciten que detenga este actuar que de golpe y porrazo se lleva entre las patas el derecho a la vida, la integridad física, la legítima defensa, el juicio justo, oral y contradictorio, de aquellas personas, que culpables o no, son acusados por la policia de tal o cual acción. En muchos paises la Polícia comete excesos, en nombre de la seguridad y el orden, en pocos, en muy pocos el sistema de justicia la excusa. (Esto sin hablar de que la “confesión” sigue siendo la “reina de las pruebas” en nuestro en torno y el “sembrar evidencia” una práctica común de muchos uniformados.)
Debajo de todo este sistema de represión, están los grupos vulnerabilizados, las dominicanas, particularmente las adolescentes, los dominicanos de ascendencia haitiana, la personas empobrecidas y, a final las personas del colectivo LGBTQIA+. Porque, en realidad, todos, todas y todes podemos llegar a ser víctimas de un sistema que, lejos de brindarnos seguridad, nos brinda temor y desesperanza. Muchos nos acordamos del caso de Claudio Nasco, la estrella del periodismo que fue asesinada brutalmente en diciembre del 2013 y dejó al país en shock. Catalogado como un crimen de odio, debido a que era abiertamente gay, Nasco recibió más de 40 puñaladas antes de morir (Payano, 2023), una clase de tortura que solamente puede nacer de un corazón totalmente despiadado. Ahora bien, este nivel de tortura también habla de una sociedad, particularmente si esta justifica al homicida. En los últimos diez años este nivel de impiedad parece no haber desaparecido. Frente al caso del “niño de Verón”, un pequeño de 8 años que murió torturado vilmente, recibiendo más de 120 golpes y viviendo unos días de puro horror al final de su vida, la tía asesina habla de la desobediencia y “malcriadeza” del niño (Hasbún, 2024).
Y ¿qué hacemos con el caso de Micky Bretón? El célebre productor de televisión fue asesinado similar a Nasco, y a pesar de esto, su victimario camina libremente en las calles hoy en día, bajo la excusa de tener un garante que se hace cargo de él (Aquino, 2023). ¿No nos recuerda esto al caso de Emely Peguero? Emely, una joven en edad escolar, fue golpeada y ultimada, debido a un aborto mal inducido y clandestino, producto de un embarazado no deseado (Rojas, 2017). La autora intelectual del crimen, la madre del novio y asesino material de Emely, camina igualmente libre entre nosotros, quizá compartiendo el mismo aire que tú y yo en muchas ocasiones desde su liberación hasta hoy.
Son casos como estos que nos hacen preguntar: ¿de verdad no había nada que hacer? ¿Es de veras que, entre un suceso y el otro, con más de 10 años de diferencia, el Estado dominicano no ha podido desarrollar maneras más efectivas de protegernos preventivamente?
Al fin y al cabo, las cosas no pasan porque sí. Las cosas pasan porque, de una forma u otra, consciente o inconscientemente, permitimos que pasen. Y si miramos de cerca, tenemos que concluir que las condiciones de vida que hemos construido como colectivo juegan un rol importante en todo esto. Quizá con educación sexual de calidad y acceso a salud reproductiva segura, Emely Peguero no hubiera intimado con un joven adulto y no hubiera tenido que perder su vida debido a un aborto que se convirtió en un feminicidio. Quizás Micky Bretón y Claudio Nasco estuvieran con nosotros si no se hubiesen visto forzados a vivir su sexualidad en lo oculto, y si sus agresores tuvieran una calidad de vida que no los haya motivado a perder el juicio por dinero. Y quizá, con una mayor inversión en salud mental y oportunidades para que los padres puedan trabajar y criar a sus hijos plenamente, el niño de Verón no haya tenido que ser enviado por su padre a casa de una tía psicópata.
Es hora que nos demos cuenta que nuestra patria “no nos trata bien” – “tratarnos bien” no es darnos un himno o unos símbolos “bonitos”. Tratarnos bien es crear un estado de derecho que proteja a cada uno de los hijos, hijas e hijes que le han sido confiados.